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Antecedentes del Amparo en México 
José Luis Soberanes Ferh' ández 
l. INTRODUCCION 
D EN'rRO DE LAS INs·rr1·uctONES jurídicas mexicanas, indis­ curiblernente el amparo es la que resulta más entrañable para 
los mexicanos, no sólo por ser una importante aportación nacional a la 
cultura jurídica universal, sino sobre todo por ser el puerto más seguro 
que tiene el pueblo de México para la protección legal de sus bienes e inte­ 
reses juridicos. 
Por otra parte, no podernos dejar de mencionar que el amparo mexi­ 
ca110 es, en muchos aspectos, o lo l1a11 hecho, la institución más cornpli­ 
carla y difícil de comprender, intrincada aun para los iniciados en el arce 
clel clerecho. Por ello, para poder entender cabalmente tan noble institu­ 
ción, debernos ele recurrir al método histórico­jurídico, el cual nos propor· 
cionará 111,1cl1as luces para ese propósito. 
l 
\ Por otro lado, también tenernos q,,e decir que pese a los esfuerzos 
- realizados bajo la administración del Presidente Miguel de la Madrid, • ' nuestro amparo ya se ha quedado rezagado, y sigue rezagado, en comp • 
-• '  
61 
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r•a ción cor, instituciones similares de otras latitudes de nuestro p• laneta 
• e inclusive del inunde, latinoamericano ( 1 ). • 
IC Dicho lo cual tenernos que entrar en materia para, primeramente, 
destacar el origen 111isn10 de nuestro juicio de amparo, el cual evidente­ 
mente n'o es otro más que el voto particular que don Mariano Otero 
presentó al Congreso el 5 de abril de 1847, el mismo q,,e vendría a cuajar 
en el Acta Constitucional y de Reformas sancionada por el Congreso de 
la Unión el 18 de ma)'º del mismo año. 
Co1110 sabemos, México estuvo gobernado de 1836 a 1846 por per­ 
sonas afectas al Partido Conservador, siguiendo u11 esqucrna de gobierno 
centralista, basado fundamentalmente e11 las leyes supremas de 1836 y 
1843; situación que concluyó al triunfo del Plan de la Ciudadela procla­ 
mado por el general Mariano Salas el 4 de agosto de 1946. Dos días des­ 
pués se convocó a elecciones y se restableció el régimen federalista así 
como la Constitución de 1824, mientras el Congreso dispusiera lo condu­ 
cente, lo que se hizo el 8 de febrero de 1848, pues dicho Congreso se 
declaró constituyente, con poder para revisar la carta de 1824, lo q11e 
permitió ratificar la vigencia de esa ley fundamental en tanto resolvía 
sobre la revisión a la misma, para lo cual el mismo Congreso nombró 
una Comisión de Constitución q11e debería 11roponer esos cambios. 
Dicha Comisión prop,1so lisa y llanamente volver a la Constitución 
del 24 sin más cambios, e11 virtud de la intervención armada que sufría 
el país por parte de nuestros vecinos del norte; pues, con mucha lógica se 
pensaba q11e ello impediría reflexionar dchidarncnte sobre posibles refor­ 
mas constitucionales. Por eso, el ilustre diputado jalisciense, don Mariano 
Otero, aún siendo miembro de la Comisión de Constitución, se separó del 
sentir de la mayor ía de esa Comisión y propuso su famoso voto particular 
de 5 de abril. 
En efecto, el diputado Otero pensó que la carta magna de 1824 
adolecía de varios defectos fundamentales, algunos de ellos causa del 
{ l) En este sentido, un sector cada vez más amplio de la doctrina se man..iíicsta por una más rápi­ 
da evoluci6n de nuestro amparo, entre los que podemos citar a CASTllO,Juventino V., J{acia 
el amparo evolucionado, 2a. ed., México, Ponúa, 1977; y FIX·ZArvfUDIO, Héctor, quien ha 
,Jrilblicado infinidad de trabajos al respecto, ahora sólo queremos destacar: "La declaración 
, • general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo", Bolet(�1 A'lcxica11u <le Derecho Co111pa­ 
• rado, México, año IV, núms. 10-11, enero-agosto de 1971; y "Derecho comparado y derecho de amparo", Botetñv Mexicano de Derecho Compamao, México, año lll, núm. 8, mayo· 
agosto de 1970; así corno los del autor de este ensayo. 
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fracaso del modelo federalista hacía doce años. Tales errores fundarnen­ 
tales eran la carencia de una declaración nacional de derechos humanos, 
el sistema de la vicepresidencia y la falta de un i11scr,1111e11to procesal ade­ 
cuado para establecer el orden constitucional violado; de ahí algunas de 
sus propuestas formuladas e11 ese célebre voto particular. 
lnd iscutiblcrnenrc, para nosotros, la aportación más importante de 
Otero en su voto particular fue precisamente la creación del amparo 
mexi• cano. 
Con10 era de esperarse, el Congreso aceptó el voto de Otero, de 
forma casi textual prácticamente, trascendiendo en lo que se llamó el 
Acta Constitutiva y de Reformas, promulgada el 18 de 1nayo de 1847 y 
publicada tres días después (2). • 
1 
Considerarnos sumamente importante reproducir íntegro el párrafo 
conducente de la exposición de motivos del voto de Otero en donde 
razona su propuesta de crear el juicio de amparo: 
Les ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos 
de la Fecleración a los particulares, cuentan entre nosotros por 
desgracia numerosos ejemplares, para que no sea sobrcrnancra 
urgente acompailar el resrablecirniento de la federación con una 
garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más. Esta 
garantía sólo puede encontrarse en el Poder Judicial, protector nato 
de los derechos de los particulares, y por esta razón el solo conve­ 
niente. Aún en las monarquías absolutas, refugiada la libertad en 
el recinto de los tribunales, ha hecho que la justicia encuentre allí 
un apoyo cuanclu han faltado tocias las garantías políticas. Un 
escritor profundo ha observado que la amplitud y respetabilidad del 
poder judicial era el más seguro signo de la libertad de un pueblo, 
y por esto yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve a 
grande altura el Poder Judicial de la Feclcración, danclo el derecho de 
proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los 
derechos qt1e les aseguren la Constitución )' las leyes constirucio­ 
nalcs, contra todos los atentados o de la Unión. En Norteamérica 
este poder salvador provino ele la Constitución, y ha producido los 
mejores cíceros. Allí e¡ juez tiene que sujetar sus fallos antes que 
todo a la Constitución, )' de aquí resulta que cuando se encuentra 
en pugna ron una le)' secundaria, aplica ac¡uélla y no ésta, de modo 
qui.'. sin hacerse superior a la ley ni ponerse en oposición contra el 
{2} Cfr. TENA RAMlllEZ, Felipe (dir.}, Ley�s fundamentales de México 1808·1979, 9a. ed., 
México, Pornía, 1980, pp. 443·4 7 7. 
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Poder L<.·gislativo, ni derogar sus Jisposiciones, en cada caso particular 
en que ella debía herir la hace impotente. Una institución semejante 
es del todo necesaria entre nosotros y como ella exige que los tribu­ 
nales federales se organicen de un modo correspondiente, las 
reformas propuestas dejan a las leyes constitucionales la determina­ 
ción de este punto. Sobre él, en fin, manifestaré que a mi juicio 
también se necesita extender t111 poco mds la acción del poder federal 
de la Unión, n1uy imperfectamente organizado e11 la Constitución 
federal, y sobre todo, elevar la condición y asegurara la indcpcnden­ 
cia ele un tribunal llamado a representar en el cuerpo político un 
papel tan i,nportante como el del supremo Poder Judicial. 
De esta manera, el arr iculo 19 de su Proyecto decía: 
Art. 19. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habi­ 
tante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos 
que Je concedan esra Constitución }' las leyes constitucionales, 
contra todo ataque de los Poderes Legislativo }' Ejecutivo, ya de la 
Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a 
impartir su protección en el caso particular sobre que verse el pro­ 
ceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del 
acto que lo motivare. 
Texto que pasó tal cual corno art ículo 25 del Acta Constitutiva y de 
Reformas, antes mencionada. 
Si11 embargo, más importante aún que la propuesta de creación por 
Otero e11 su voto de 1847, fue el haber pasado la ''prueba de fuego" en 
el Constituyente de 1856­1857, p,,es fue la ley s,1pren1a de 5 de febrero 
de 185 7 la q,,e consagró, e11 definitiva y para siempre a nuestro benemérito 
juicio de a1nparo; pero también por la nueva redacción que la asamblea del 
57 le diera en el texto constitucional definitivo, ampliando enorrnernenre 
la redacción original de 1847, dándole la posibilidad de tener u11 desarro­ 
llo posterior muy rico corno en efecto lo tuvo. 
Así es el texto de 1857, en sus art ículos 101 y 102 señala: 
Art. 101. l.os tribunales de la Federación resolverán toda centro­ 
verst•a  que se susci•t e: 
l. Por leyes o actos de cualquiera autoridad 4uc violen las garan· 
cías inclividualcs. 
1 . Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrin­ 
jan la soberanía de los Estados. 
111. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la 
esfera de la autoridad federal. 
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Art. 102. Todos los juicios de que: habla el artículo anterior se seguí­ 
rán, a petición de la parte: agraviada, por medio de procedimientos 
y formas dvl orden jur idico, que determinaré una IC)'. La sentencia 
será siempre tal, que solo s,: ocupe de individuos paniculnres, lirni­ 
rándosc a protegerlos )' ampararlos en el caso especial sobre que 
verse el proceso. sin hacer ninguna declaración general respecte de 
la ley o acto que la motivare. 
Por ,111 lado esra 11,1c,·a redacción, en principio, reduce el objeto 
ele la pretensión ele amparo a los tres supuestos del art ículo 101 consti­ 
tucional (violación de garannas individuales >' alteración de equilibrio del 
¡,acto federal), mientras q,1e el artículo 25 del Acta de Reformas de 1847 
señalaba cualquier violación constitucional, sin embargo, el artículo 101 
antes 111e11cio11ael0 ampliaba la protección de ser sólo contra actos legis­ 
lanvos o ejecutivos, a actos de "cualquiera autoridad". dando posibilidad 
ele i111p,1g11ar, por 111cJio del a nipa ro, los actos judiciales. 
Así pues, y después de los avatares de las guerras de Reforma e 
Intervención, es que el juicio de amparo logra la plena legitimidad en el 
ordenamiento jurídico mexicano y empieza su larga evolución, la cual, 
esperamos, 110 haya concluido todavía. 
\ IIIUOTESA I 
TI. LOS ''ANTECEDENTES'' DEL AMPARO 
El estudioso del derecho, al contemplar una institución jurídica 
busca a los "padres, abuelos, primos y hermanos" de la misma para 
comprenderla mejor, o sea, hace un doble ejercicio de comparación en 
el tiempo y e11 el espacio, a través de la lustoria del derecho y del derecho 
comparado, finalmente para entenderla mejor (3). 
llagan1os ahora dicho ejercicio en su proyección temporal, es decir, 
el ele la historia del derecho referida a nuestro juicio de amparo. 
!\ los historiadores riel derecho no les gusta mucho eso de buscar 
"anrecedcnrcs históricos", esto es, instituciones jurídicas del pasado que 
se c11!a1.a11 con mst irucioncs \·ig:e11tcs a través lle L111a relación causa­efecto, 
por dos rat\>nei;;· se pierde la , isión JJa11<,rá1111ca del pasado por andar 
(3) Cf'r. nuestro trabajo­ "Rcñcxroncs sobre la vinculación entre la historia del derecho y el 
derecho cornµarado". Est11cliol· 1•,t ha,11e11aje al do a or lléctor Fix-Zamudio, et, .ru.r treinta 
a,los c1>1110 investigador de In esencia 1ur{1lica. México. lfN1\l\1, 1988, t. lf. 
65 
• 
buscando instituciones concretas, perdiendo así rodo el bagaje explicativo· 
cultural que nos ayudará a entender el pasado y ¡Jor ende el presente y 
el porvenir; )', por otro lado, al buscar solamente esas instituciones part1· 
culares nos olvidarnos de otras qt1e "no tuvieron descendencia", o aparen­ 
temente no la tuvieron, condenándolas al olvido. 
Sin 11cgar la importancia y trascendencia t1t1e tiene estudiar las 
instituciones jurídicas del pasado e11 su conjunto, pero sobre todo para 
darle una interpretación integral a ese pasado, nosotros consideramos 
corno un ejercicio útil el buscar esos "antepasados" de las instituciones 
jurídicas contemporáneas; pt1es nos ayudan enormemente a entenderlas 
y a aplicarlas, claro está, repito, sin perder esa visión de conjunto e intcr­ 
pretativa del pasado que es fundamental, pues.de lo contrario perdernos 
más de la mitad de la fuerza del. método de interpretación histórica 
del derecho. 
De esta forma vamos a •i ntentar encontrar los "antepasados" de 
nuestro juicio de amparo. 
De manera magistral, corno todo lo que suele hacer él, el rnaesrro 
Héctor Fix­Zamudio nos clasifica los anrecedentes del amparo (4) en 
externos e internos, a los primeros los divide en próximos y remotos, 
Dentro de los remotos recuerda algunas instituciones jurídicas de la 
Grecia y de la Roma antiguas, y a los próximos los subdivide en anglo­ 
americanos, franceses y españoles. Modestamente, nosotros considerarnos 
que los españoles pertenecen más a los antecedentes internos que a los 
externos, pues entre el derecho histórico español, el derecho novohispano 
y el nacional mexicano de los primeros años de vida independiente, se da 
una solución de continuidad que difícilmente podernos separar. Corno 
partes de los antecedentes angloamericanos señala al babeas corpus y a 
la judicial review y dentro de los franceses a la casación y a la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 
En esta oportunidad no vamos a entrar en los antecedentes externos, 
remotos y próximos, de nuestro juicio de amparo, sino únicamente en los 
antecedentes internos o nacionales. 
(4) CfT. "Breve introducción al juicio ele amparo mexicano". Memoria de El Colegio Nacional, 
t. VIII, núm. 3, 1976, pp. 144­146. 
66 
III. LOS ANTECEDENTES INTERNOS 
Señalar antecedentes internos del juicio de amparo mexicano no 
resulta nada fácil, sobre todo al demostrar la relación causa­efecto de 
los mismos, de tal suerte que nos situaremos en el peligro inminente de 
considerar a cualquier institución protectora de los derechos de las perso­ 
nas como un antecedente claro de nuestro amparo . 
• 
Por otro lado, no olvidemos la naturaleza jurídica propia del amparo, 
qtte no es otra qtte la de una garantía constitucional, en su sentido téc­ 
nico (5), de tal suerte qt1e cuando hablemos del moderno juicio de amparo 
siempre tenernos que presuponer la existencia de un orden constitucional, 
y en México la primera Constitución que rigió la vida de este país fue la 
de Cádiz de 1812, promulgada en México el 30 de setiembre de ese 
mismo año; antes de ello desconocíamos el régimen constitucional mo­ 
derno. Por ello, los antecedentes coloniales del juicio de amparo mexicano 
son más bien "parientes lejanos". 
En nuestra modesta opinión, los antecedentes nacionales directos 
son tres: el Supremo Poder Conservador, el reclamo constitucional y el 
juicio sumarísimo de amparo. Las demás instituciones, sobre todo colo­ 
niales, cuando más, sólo pueden ser consideradas antecedentes nacionales 
remotos, pues de lo contrario caeríamos en el error de pensar que cual­ 
quier instrumento protector de derechos subjetivos es un antecedente 
directo del amparo mexicano, sin considerar siquiera la existencia de un 
nexo de causalidad entre ambos. 
Pasemos revista brevemente a estos supuestos antecedentes colo­ 
niales de nuestro moderno juicio de amparo. 
IV. ANTECEDENTES NACIONALES REMOTOS 
Para no negar rotundamente cualquier "parentesco" ­pues cierta­ 
mente algo tuvieron que ver con nuestro arnparo+, los calificamos como 
"antecedentes nacionales remotos". Para ello nos basaremos en los tra­ 
bajos ele cuatro distinguiclos pensadores mexicanos: Toribio Esquive! 
Obregón, Felipe Tena Ramírez, Alfonso Noricga Cantú y Andrés Lira 
González. 
(5) Cír. nuestra voz "Garantía constitucional", Diccionario Jurídico Mexicano, México, UNAM, 
1983, t. IV, pp. 269­271. 
67 
A) Con la vehemencia que le era característica a don Toribio 
Esquive! Obregón (6), en su benemérito tratado de historia del derecho 
mexicano, nos propone dos antecedentes a nuestro moderno amparo (7), 
el primero se refería a las apelaciones ante la Audiencia de las resoluciones 
del Virrey y el segundo a los recursos de fuerza. 
Respecto al primero, dice Esquive! Obregón: 
Se daba con frecuencia el caso de que u na persona, que se creía 
agraviada con una resolución del virrey. apelaba de ello para ante 
la Audiencia, por juzgar que aquél se extralimitaba en el uso de su 
jurisdicción y que el hecho era del conocimiento de la justicia, en 
cuyo caso la Audiencia pedía autos y el Virrey tenía que mandarlos, 
suspendiéndose el curso de los mismos en tanto que aquel tribunal 
decidía si el negocio era ele justicia o de gobierno. 
Más adelante afirma: 
Puede verse que esto ya en la época colonial, y mediante la supre­ 
macía del Poder Judicial, se habría conocido lo que después se 
hizo aparecer como una novedad, de lo que se llamó el juicio de 
amparo atribuyéndoselo, quizá el mismo que el nombre y conse­ 
guía su aceptación, un origen sajón, o, más específicamente, yanqui, 
sólo por olvido de nuestras tradiciones jurídicas, aun vigentes en la 
época en que la supuesta novedad se introducía. 
En primer lugar, tenemos dudas sobre si Esquive! Obregón entendió 
bien lo que era la apelación de los autos gubernativos del Virrey ante la 
Real Audiencia, pt1es pareciera como si se tratara exclusivamente de 
dilucidar una competencia (justicia­gobierno) y no de resolver una cuestión 
• • 
de legalidad de fondo como en realidad lo era (8). 
Por otro lado, pensamos que tal institución adjetiva más tenga que 
ver con el moderno contencioso­administrativo que con 11 uestro juicio 
constitucional. Es cierto que durante mucho tiempo, y aún hoy día, 
(6) Cfr. "Presentación" del libro de Toribio Esquive! Obregón, Prolegáme nos de la ñistoria cons- 
tituciona/ de Aféxico, México, UNAt\1, 1980, pp. 7­11. 
(7) Cfr. Apuntes para la historia del derecho en México, 2a. ed., México, Porrúa, 1984, t. I, 
pp. 388, 389, 394 a 396. 
(8) Cfr. nuestro trabajo: "La administración superior de justicia en Nueva España", Boletín 
Afexicano de Derecho Comparado, México, año XIII, núm. ,1, enero­abril de 1980, pp. 
143­200. 
68 
el an­,paro hace las veces de conrencicso­adrninisrrarivo (9). sin embargo, 
no fue así e11 sus orígenes (10) ni fue la intención de sus creadores, que 
tomara esos derroteros fue cuestión ,nuy posterior. 
Por lo qt,e respecta a los recursos de fuerza ( 11 ), el propio Esquive! 
nos dice: 
Un caso especial de jurisdicción que representaban en la época virreinal, 
puede darnos nueva luz sobre la tradición del actual recurso de amparo: 
Era el llamado recurso de [nerza. La existencia de dos autoridades con 
jurisdicción separada, por la naturaleza diversa de los casos, unos de 
carácter espiritual y otros de naturaleza temporal, suscitaba conflictos 
cuando en la clasificación del hecho una de las dos jurisdicciones se 
excedía. 
E11 primer lugar, no se trata de dos autoridades con jurisdicciones 
separadas, )'ª que en virtud del Regio Patronato Indiano la autoridad 
eclesiástica en Indias estaba subordinada a la autoridad real, de tal suerte 
que la posibilidad de plantear un recurso de alzada ante los tribunales 
reales respecto a las resoluciones de los mandos eclesiásticos se nos pre­ 
senta corno lógico y natural. Dicho en otras palabras, era la posibilidad 
que el superior revisara las determinaciones de un inferior tal y como se 
planteaba tal relación ¡,or el Regio Patronato Indiano. 
En síntesis, recordando lo señalado al principio del inciso tres de este 
trabajo, no debernos confundir cualquier institución protectora de los 
derechos de las personas corno un claro y directo antecedente de nuestro 
arn paro. 
B) El investigador Andrés Lira Gonzáles, en su libro sobre los ante­ 
cedentes novohispanos del juicio de amparo (12), nos habla de un inter­ 
(9) Ya don José Mar ia del Castillo Velasco escribía durante la segunda mitad del siglo XIX que 
como en México no existía en aquel entonces contencioso­administrativo, el amparo hacía 
sus veces. Cfr. Ensayo sobre el derecho ad'1ti11istrati110 mexicano, México, Imprenta de la 
Escuela de Anes y Oficios para Mujeres, 1874­1875, t. 11, p. 275. 
( 1 O) La idea original era, siguiendo el modelo estadounidense, revisar la legalidad de los actos 
administrativos a través de juicios ordinarios, federales o locales, pero por la vía ordinaria, 
idea que realmente no floreció en nuestra patria. 
( 11) Gracias al Regio Patronato Indiano, la justicia real ordinaria podía revisar las resoluciones de 
las autoridades eclesiásticas coloniales a través de esos recursos de fuerza. 
( 12) El amparo cotonict y el juicio de amparo mexicanos. A ntecedentes nouonispcnos del juicio de 
amparo, reimpr., México. FCE, 1979, 176 pp. 
69 
dicto para recuperar la posesión que por denominarse ' de amparo" el 
autor trata de enlazarla con nuestro moderno juicio constitucional. 
Evidentemente, Lira es más preciso qt,e Esquive\ Obregón; sin cm· 
bargo, a nuestro entender, no logra su propósito de conectar cal institu­ 
ción del derecho procesal civil novohispano con ese proceso constitucional 
contemporáneo. No nega111os q11e dicha relación exista, lo que afirmarnos 
es que Lira Gonzáles no la evidencia, Para nosotros ese vínculo lo va a 
proporcionar el "juicio sumarísimo de ampare" que la Audiencia y Real 
Cancillería de México va a crear mediante auto acordado de J 744, pero 
ello será objeto de estudio de un inciso posterior. Por lo pronto, veamos 
la idea central de nuestro autor e11 estudio. 
El arnparo colonial, o sea, la institución base ele! trabajo, es definida 
de la siguiente forma (13). 
Es una institución procesal que tiene por objeto la protección de las 
personas en sus derechos, cuando éstos son alterados o violados por 
agraviantes, que realizan actos injustos de acuerdo con el orden 
jurídico existente, y conforme al cual una autoridad protectora, el 
Virrey, conociendo directamente o indirecrame nrc como presidente 
de la Real Audiencia de México. de la demanda del quejoso agra­ 
viado, sabe Je la responsabiliJad del agraviante y los tlaúos actuales 
y/o futuros que se sigue para el agraviado, y dicta el mandamiento 
de amparo para protegerlo frente a la violación de sus derechos, sin 
determinar en éste la titularidad de los derechos violados, y sólo 
con el fin de protegerlos de la violación. 
De donde se consideran los seis elementos integrantes de la misma, 
que páginas antes había analizado, a saber, petición o demanda, el 
quejoso, el acto reclamado, el derecho de propiedad reclamado, agravian­ 
res o responsables del acto reclamado y la autoridad a la que se acude. 
El meollo de la tesis de Andrés Lira se encuentra al final de la 
primera parre de su libro cuando nos prescrita u11 cuadro de "Compara­ 
ción de los principales aspectos del amparo colonial y el juicio de arnpa­ 
ro ", en el cual podemos observar que ambas instituciones sólo se parecen 
e11 el nombre (14). 
(13)/de,", p. 77. 
(14) A manera de ejemplo, en el amparo colonial el órgano protector era el Virrey, el demandado 
podía ser cualquier persona, la forma era de un interdicto (aunque Lira dice que no la habia 
predeterminada}, la sentencia era un mandamiento de amparo y los derechos protegidos eran 
70 
En efecto, como afirma Alfonso Noriega Can tú en su extraordinario 
tratado sobre el juicio de an1paro (15), cuando da su punto de vista sobre 
el particular, al inicio de su tercer capítulo, enfrente a los antecedentes 
del juicio de amparo, al señalar: 
Efectivamente, tal y como lo han hecho la mayor parte de los trata· 
distas y comentaristas del juicio constitucional mexicano, han exis­ 
tido instituciones que tienen evidente parentesco con él, por impli­ 
car intentos ­más o menos logrados­ de instituciones de defensa de 
la libertad individual y que, por tanto, deben considerarse como 
antepasados del juicio de amparo en tanto que éste es un sistema de 
defensa de las libertades individuales; pero, es necesario recordar que 
el amparo no es, únicamente. esto, sino que, como intenté mostrar 
en el capítulo inicial de estas Lecciones su carácter propio deriva de 
una serie de presupuestos que se han definido a través de la historia 
jurídico­política de la humanidad: La existencia de un régimen cons­ 
titucional; de una constitución; escrita, considerada como la super 
ley; de una declaración de derechos públicos individuales y, por 
último, de la aceptación del principio que acepta la existencia de 
un organismo facultado para enjuiciar los actos de las autoridades, 
contrarios a la ley fundamental y, en su caso, nulificarlos. 
En síntesis, podemos repetir lo que apuntamos cuando veíamos la 
tesis de Esquive! Obregón, o sea, que no a cualquier institución protectora 
de los derechos de las personas, aunque se llame "amparo.", la podemos 
calificar de antecedente de nuestro juicio constitucional. 
Por ello resulta fundamental lo afirmado por el propio Noriega 
Cantú en el prólogo del libro ée Lira (16), cuando dice "acepto con 
entusiasmo esta tradición qt1e liga nuestro Derecho de Amparo vigente, 
con las instituciones novohispanas . . y pienso que esta laudable tradición 
se adentra y se prolonga en el Derecho Hispánico mismo, y tiene sus 
inicios y fuentes primeras en el arraigado sentimiento democrático e 
individualista del pueblo español''. 
cualquier derecho subjerivo ; mientras que en nuestro amparo contemporáneo el órgano 
protector es el Poder Judicial federal, el demandado tiene que ser una autoridad, la sentencia 
simplemente anula o deja firme el acto reclamado y los derechos protegidos son los constitu­ 
cionales exclusivamente. Como puede verse, se trata de dos instituciones completamente 
diferentes. 
(15) Lecciones de amparo, México, Porrúa, 1975, 1050 pp. 
(16) Supra, nota 12, p. XXXIII. 
71 
C) Por otra parte, en su libro de amparo, Noriega Canrú nos habla 
de lo que él llama ''recurso de injusticia notoria", aunque con más propie­ 
dad debió haber dicho ''recurso de segunda suplicación por injusticia 
notoria", el cual no era más que un recurso extraordinario en cuarta 
instancia del cual podía conocer el Conseio de Indias o las propias audien­ 
ci­s reales, rlependienrlo de la ruant ia del asunro. 
Es cierto q11e el arnnaro absorbió a l" casación (17), oero precisa­ 
mente la casación, de oriven francés, no la segunda sunlicación de oriven 
español, por lo que pensamos que tampoco tal recurso se puede vincular a 
nuestro juicio de amparo actual mediante una relación causa­efecto. 
D) Finalmente, Felipe Tena Ramírez (18) recoge una vieja e infun­ 
dada idea, la cual asegura que el nombre de amparo proviene de los proce­ 
sos forales aragoneses. En efecto, el distinguido constitucionalista dice: 
' vamos a ver cómo sobre los hallazgos de Rejón se edificó nuestro juicio 
de an1paro, cuyo nombre mismo se exhumó entonces de la vieja legisla­ 
ción aragonesa": y, al final de la nota a pie de página completa: ''no obs­ 
tante, fue un acierto de Rejón haber exhumado deliberadamente a un 
vocablo tan hermoso y expresivo, tan castizo, evocador y legendario'', 
con lo cual se contradice el autor, ya que si era castizo no podría ser 
aragonc' s. 
En los cuatro procesos forales aragoneses (19) no había ninguno que 
se llamara de an1paro, pues éstos eran: aprehensión, inventario, firma y 
manifestación; por otro lado, el término "amparo" era de lo más común 
en la jerga jurídica castellana, sobre todo con motivo de la protección que 
el rey y sus agentes dispensaban a los súbditos e11 contra de los abusos de 
las autoridades intermedias; en nuestro medio colonial era ampliamente 
utilizado tal término como, por ejemplo, en los interdictos de amparo, 
antes apuntados, o el juicio sumar isirno de amparo, que estuvo vigente en 
México desde el siglo XVIII hasta 1860, el cual estudiaremos más adelante. 
(17) Cfr. Fix­Zamudio , Héctor, "Presente y futuro de la casación civil a través del juicio de ampa­ 
ro", Memoria de El Colegio Nacional, México, año IX, núm. 1, 1978. 
(18) Cfr. Derecho constitucional mexicano, 20a. ed., México, Porrúa, 1984, pp. 498. 
(19) La bibliografía contemporánea sobre el particular es muy abundante, entre la cual podemos 
destacar: BONE'f NAVARRO, Angel, Procesos ante la justicia de A rag6n, Zaragoza, Guara, 
1984, 204 pp.; FAIR.EN GUILLEN, Víctor, Antecedentes aragoneses de los juicios de am· 
paro, México, UNAM, 1971, 108 pp.; GONZALEZ ANTON, Luis, Las cortes de Arag6°"> 
Zaragoza, Librería General, 1978, 206 pp.; LALINDE ABADIA, Jesús, Los fueros de Ara­ 
gón, Sa. ed., Zaragoza, Librería General, 1979, 174 pp. 
72 
Para nosotros, modestamente, no tienen relación causa­efecto los 
procesos forales aragoneses con nuestro moderno juicio de �mparo; es 
indiscutible que, sobre todo, el proceso de manifestación de las personas 
corno instrumento protector de la vida y de la libertad en los aragoneses 
durante la Baja Edad Media, tiene enormes similitudes con nuestro am­ 
paro; sin embargo, no olvidemos que ran noble proceso prácticamente 
terminó cuando Felipe JI mandó ejecutar al Justicia Mayor de Aragón, don 
Juan de Lanuza , y posteriormente con los Decretos de Nueva Planta de 
principios del siglo XVIII desapareció por completo. No olvidemos que la 
Nueva España fue una colonia de Castilla y no de Aragón, por lo que el 
derecho aplicable en nuestra patria durante la época colonial fue precisa­ 
mente el castellano y no el aragonés, por lo que nuestros jueces y tribu­ 
nales ni conocieron tales procesos forales ni los pudieron aplicar. De ahí 
que, a nuestro entender, el supuesto "parentesco" entre nuestro moderno 
juicio de amparo y los procesos forales aragoneses no pasa de ser una 
bonita leyenda iniciada por el mismo Ignacio L. Vallarta (20), pero 
carente de fundamento histórico. 
V. ANTECEDENTES PROPIAMENTE DICHOS 
Con10 dcciamos antes, para poder dar el nombre de "antecedenre" 
a una institución del pasado, necesariamente tenernos que demostrar la 
relación causa­efecto entre la misma )' aquella institución contemporánea 
de la que deseamos descubrir sus antepasados; por ello es n1uy difícil 
encontrarlos en la Nueva España antes del 30 de septiembre de 1812, 
pues previamente a esa fecha no conocíamos el régimen constitucional 
)' el amparo actual es, ante todo, una "garant ía constitucional". Por 
ello, hemos considerado corno antecedentes nacionales directos de nuestro 
juicio de amparo al St1pre1110 Poder Conservador, al reclamo constitu­ 
cional y al juicio sumar ísirno de amparo. Examinemos brevemente estas 
• su•  • In t LI e 1 o 11 es . 
• 
Las <los grandes omisiones de la Constitución Federal de 1824 
fueron la declaración de los derechos humanos (21) y las adecuadas 
gara11rí,1s q11e restablecieron el orden constitucional violado, particular­ 
mente trarándose de los derechos de los individuos, ' 
(20) Cfr. E/juicio (fe amparo y el writ of habeas corpus, Méxlcc, Terrazas, 1896, pp. 25­26. 
(21) Es interesante la tesis de Ignacio Carrillo Prieto en que señala que taJ omisión tuvo su razón 
de ser en que se había previsto que las mismas declaraciones deberían ir a las constituciones 
locales. (:fr. "La declaración de derechos en las primeras constituciones ícderativas mexica· 
nas", .,1,u,a,in /11r1'rlico, �téxico, Is. 1 1 y 1\1, 1976­1977, pp. 9·38. 
73 
Por ello, el Constituyente centralista de 1836, que abolió la ley 
suprema de 1824, y por ende el régimen federal, tuvo mucho cuidado 
de salvar, a su modo, dichas omisiones (22). 
En las Siete Leyes Constitucionales de 1836 hay ,nuchas cosas 
reprobables, pero no debernos caer en la fácil interpretación maniquea 
de nuestra historia de criticar por criticar las instituciones conservadoras 
sólo porque a la larga no triunfó su modelo de país. Corno toda obra 
humana, tiene sus aspectos buenos y SLIS aspectos malos, pues los hombres 
no somos capaces de hacer cosas absolutamente buenas o absolutamente 
malas, de ahí que dicha ley fundamental tuviera aspectos positivos y otros 
• 
negativos. 
En efecto, mientras la Constitución ele 1824 no establecía una decla­ 
ración de derechos humanos, el artículo dos de la Primera Ley Constitu­ 
cional de 1836 establecía los "derechos de los mexicanos", e11 siete frac­ 
ciones. Pero más interesante fue la creación del Supremo Poder Conserva­ 
dor, en la segunda de las mismas leyes constitucionales, inspirado en el 
Senado Conservador francés, que ideó Sieyes, cuya función era principal­ 
mente la de anular cualquier acto de los tres pacieres tradicionales, vicia­ 
dos de inconstitucionalidad, entre otras 111ás. 
Resultaba realmente absurdo este Consejo integrado por cinco 
individuos, constituido en supremo juez de la nación mexicana, responsa­ 
ble sólo ante Dios y la opinión pública, el cual podía en un 11101ne11to 
"declarar . . cuál es la 1•0IL1ntad Je la nación". 
Por ello, habiéndose instalado dicho Supremo Poder el 24 ele 111ayo 
de 183 7, sólo cuatro años después cerró para siempre sus puertas en 
setiembre de 1841; sin embargo, 110 deja ele ser el primer intento de 
establecer un sistema de garantías constitucionales (23). El Supremo 
Poder Conservador y toda la Carta Fundamental de 18 36, desaparecieron 
al triunfo del Plan de Tacubaya, encabezado por A11to11io López de Santa 
Anna, el cual supuestan1ente se proclamó para restablecer el federalismo. 
Sin embargo, la idea de suprimir el Poder Conservador ya desde 1839 
(22) El trabajo rnas importante sobre dK:ha ley suprema y su época es de dou Alfonso :,./oricga. 
El pensamiento conscruador y el cunseroadurísmo mexicano, México, UN,\fv1, 1972, 21., 
539 pp. 
(2S) taem, 1. l. pp. 204­248. 
74 
se había expuesto públicamente. Lo interesante es que los diputados se 
habían planteado no sólo su desaparición, sino el crear un instrumento 
que hiciera las veces de garante del orden constitucional cuando éste 
fuera violentado, o sea, quien ocuparía el lugar de ese Poder Conservador. 
A este respecto, recordemos el voto particular del diputado Pedro Ramí­ 
rez, en· 1839, quien propuso para ese fin la creación de un "reclamo" que 
debiera ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia (24). 
Con10 resultado del triunfo del Pla11 de Tacubaya se convocaron elec­ 
ciones para un nuevo Congreso Constituyente, el cual se inauguró el l O 
de junio de 1842. Dentro del mismo se formó la Comisión de Constitución 
integrada por J. Ladrón de Guevara, Antonio Díaz, Pedro Ramírez, José 
Fernando Ramírcz, Espinosa de los Monteros, Mariano Otero y Octaviano 
Muñoz Ledo. Dicha Comisión se vio escindida, de donde salieron dos 
proyectos, u110 llamado de la mayoría, ya que lo suscribían cuatro miem­ 
bros de la Comisión (Díaz, Pedro Ram írez, Ladrón de Guevara y J. Fer­ 
nando Rarn írez) y el otro llamado, lógicamente, de la minoría, pues sólo 
lo suscribieron los tres miembros restantes de la Comisión (Espinosa de 
los Monteros, Muñoz Ledo y Otero); división que tuvo su origen en el 
punto a definir si nuestra patria sería una República federal o centralista, 
aunque ninguna de las dos facciones era extremista en este particular. 
La minor ia, junto con pronunciarse de forma franca y decidida por 
el federalismo, retoma la idea de crear un "reclamo constitucional", que 
se haría vale ante la Suprema Ccrte, por cualquier personal, para la 
defensa de sus derechos constitucionales, contra actos de los otros dos 
poderes, incluyendo, además, la suspensión del acto reclamado. 
José Fernando Ramírez, citado por Gaxiola (25), menciona a Otero 
como ''único autor del proyecto de la minor ía", aunque más adelante 
aclara Gaxiola qt1e si hien no fue obra exclusiva del ilustre legislador 
jalisciense, resulta evidente qtie Otero fue el alma de ese proyecto. 
Todos los miembros Je la Comisión de Constitución se volvieron a 
reunir con el fin de, haciéndose mutuas concesiones, lograr un único 
l)l'O)'ecto a presentar al pleno del Constituyente, al cual se le conoce 
� ...... ,.. 75 
• 
como ''proyecto de transacción'', mismo que empezó a estudiar la asam­ 
blea, hasta que un cuartelazo articulado por Santa Anna, el 11 de diciem­ 
bre de 1842, logró disolver al Congreso para fines de ese mismo año de 
1842. 
Con10 es sabido, el Constiruyente de 1842 fue sustituido· por una 
Junta Nacional Legislativa o Junta de Notables, integrada por 80 perso11as 
designadas por don Nicolás Bravo, a la sazón Presidente sustituto de la 
República, Junta que quedó integrada el 6 de enero de 1843, misma que 
aprobó las llamadas Bases Orgánicas del 111isn10 año de 184 3, con un 
marcado carácter conservador y centralista. 
Como se deduce fácilmente, el "reclamo constitucional" del pro­ 
yecto de la minoría en 1842, animado por Otero, es el antecedente 111ás 
directo y claro del "amparo" q11e el mismo Otero propuso en su voto 
particular de 1847; "reclamo." que, a s11 vez, encuentra su antecedente 
más cercano en el otro "reclamo" propuesto por el diputado Ramírez, 
e11 1839, para suplir las funciones que desarrollaba el Supremo Poder Con­ 
servador que en ese entonces se pensaba suprimir; de ahí que, párrafos 
atrás señalábamos corno antecedentes nacionales directos de nuestro 
moderno juicio de amparo, precisamente al Supremo Poder Conservador y 
al reclamo constitucio. nal, junto con el juicio surnar ísimo de . amparo ,¡ue exammaremos a contmuaci. o, n. 
V. EL JUICIO SUMARISIMO DE AMPARO 
Para entender mejor lo que vamos a explicar a continuación, es con­ 
veniente empezar con la clasificación de los diversos procesos en ese 
entonces, para lo cual seguiremos u11 autor de esa época, don Anasrasio 
de la Pascua en su formidable libro Febrero mejicano (26), quien nos 
proporciona tres clasificaciones de los mismos. en razón de la materia 
­civil, criminal y mixto­, subdividiéndose los civiles en petitorio y 
posesorio, por un lado; a la vez que en plenario, sumario y sumar isimo, 
por el otro, lo q11e da la tercera clasificación, o sea, según el modo de 
proceder, c11 cuyo caso tenernos ordinario. extraordinario y sumario. 
(26) Febrero mejicana, o Sl'U la Librería de jueces, abogaclos y escribauos q11e refundido, ordenada 
bajo r1uevo método, adí'cionada con uaríos tratados y con el titulo de Febrero Novisímo, dio 
a luz D. Eugenio de Tapi'a, nueoome,ite adicionada con otros diversos tratados, y las disposi- 
ciones del Derecho de Indias y del Patrio, México, Imprenta de Oalván a cargo de Mariano 
Arévalo, 1834, t. IV, pp. 350·352. 
76 
Al explicar lo que es el sumario, después de señalar su origen, al igual 
que Fairén (27) en las célebres Clementinas del Liber Septimus (Bula 
Quoniam Muida, de 25 de octubre de 1317), nos dice que "es aquel en 
cuya prosecución no se observan los expresados requisitos, sino que el 
juez procede brevemente de plano, sin aparato ni figura de juicio en los 
casos en que tiene lugar, atendiendo sólo a la verdad del hecho''; por lo 
q,,e después pueden desembocar dichos sumarios en posteriores plenarios 
de posesión. 
He111os visto cómo durante los dos primeros siglos de la época colo­ 
nial en nuestra patria, siguiendo una antiquísima tradición castellana, 
para retener o recuperar la posesión de un bien inmueble se solía acudir 
a un interdicto llamado de "amparo'' que en el caso de la Nueva España 
y tratándose de indígenas, era otorgado por el virrey en su calidad, 
primero, de protector de indios y posteriormente corno titular del Juzga­ 
do General de Naturales. Lo que precisamente Lira llama "amparo colo­ 
nial". 
Téngase presente que se trataba de un interdicto, no de un proceso, 
pues se otorgaba sin audiencia de la contraparte ni se necesitaba tener la 
propiedad del bien objeto de tutela, bastaba la simple posesión. 
De aquí podemos entender la trascendencia del auto acordado de 
la Audiencia y Real Chancillería de México, de 7 de enero de 1744, en el 
cual se creaba el juicio sumarísimo de amparo, que según la recopilación 
de Beleña (28), dicho auto acordado rezaba así: 
Que las Reales Provisiones que algunos sacan para ser restituidos 
con sólo la narrativa de haber sido despojados de tierras, aguas u 
otras cosas se entiendan ser incitativas y que para usar de ellas las 
partes expresen individualmente aquello de lo que se quejan despo­ 
jados, y piden la restitución, con señas y vientos de sus términos y 
linderos, como también las personas que dicen los despojaron y 
demás colindantes, con cuya previa judicial citación y señalamiento 
de prefijo competente término justifiquen el despojo y posesi6n 
(27) Cír. El juicio ordinario y los plenarios rápidos, Barcelona, Bosch, 1953, passin1. 
(28) Recopilación suman·a de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Salo de Crimen de 
esta Nueva España, y prouidencills de su superior gobierno; de varias reales ,,dulas y ordenes 
que después de f)ublicada la Recopilaci6n de Indias han podido recogerse as( de las dirigidas 
a la misma Audiencia o Gobierno, como de algunas otras que por sus notables decisiones 
convendrá no ignorar, México, Zúñiga y Omivercs, 1778, t. I, tercer foliajc, número XXXV 
(p. 32). 
que tenfan al tiempo y quando se les causó, y si el dcspojante o 
colindantes quisieren con nueva igual citación dar justificación en 
contrario, se la admitirán los Justicias del Partido, y demás a quienes 
se cometieren dichas Reales Provisiones de despojo. Y luego con 
vista de todo determinarán y executarán sobre ello sumariamente Jo 
que tuvieren por más conforme a justicia, consultando las dudas con 
Asesor Letrado. Y en quanto a las primeras instancias que resultaren 
de juicios plenarios de posesión y propiedad oirán y determinarán 
asimismo los Justicias compercnrcs de los Partidos, concediendo los 
legítimos recursos de sus determinaciones con parecer también de 
Asesor Letrado a esta Real Audiencia, sin remitir a ella (ni que en 
ella se admitan} dichos juicios sumarios tic despojos, ni las primeras 
instancias de los plenarios de posesión y propiedad, si no fuere en 
casos de Corte, que quando las partes los gozaren, y quisieren usar 
de ellos lo pedirán en esta Real Audiencia siendo demandantes, y si 
fueren demandados a las Justicias Orclinarias ante quienes se les 
demandase. 
Lo que se completa con el auto acordado de la misma Real Audiencia 
del 7 de junio de 1762, recogido inmediatamente antes del anterior por 
el propio Beleña, diciendo así: 
Que las Reales Provisiones que algunos sacan para ser amparados en 
tierras, aguas, y otras cosas se entiendan ser incitativas, y que las 
partes para usar de ellas expresen individualmente aquello de lo que 
piden el amparo, con señas y vientos de sus términos y linderos, 
como también los colindantes, con cuya previa judicial citación y 
prefijo señalamiento de término competente justifiquen estarlo 
poseyendo; y si dichos colindantes quisieren dar justificación de lo 
contrario, se la admitirán los Justicias del Partido, y demás a quienes 
fueren cometidas dichas Reales Provisiones de amparo, y luego con 
vista de todo determinarán y executarán sobre ello sumariamente lo 
que fuere más conforme a justicia, consultando las dudas con Asesor 
Letrado. Que en las primeras instancias que después se ofrecieren 
de los juicios plenarios de posesión y propiedad harán y determi­ 
narán asimismo los Justicias de los Partidos a quienes competa, 
concediendo los legítimos recursos de sus determinaciones con 
parecer también de Letrado para esta Real Audiencia, sin remitir a 
ella (ni que en ella se admitan) dichos juicios sumarios de amparo, ni 
las primeras instancias de los plenarios de posesión y propiedad, si no 
fuere en virtud de casos de Corte quando las parres gozaren y quisie­ 
ren usar de ellos, los pedirán en esta Real Audiencia siendo actores, y 
si fueren demandados a las Justicias Ordinarias ante quienes se les 
demandase. 
Estos autos acordados van a ser completados por el Reglamento de 
Audiencias y Juzgados de Primera Instancia expedido por las Cortes de 
Cádiz, en cuyo artículo 12, del capítulo 11, se señala: 
78 
XII. No debiendo ya instaurarse en primera instancia ante las au­ 
dicncias los recursos de que algunas han conocido hasta ahora con 
el nombre de auto ordinario y firmas, todas las personas que en 
cualquiera provincia de la monarqu ia sean despojadas o perturbadas 
en la posesión de alguna cosa profana o espirirual, sea eclesiástico, 
lego o militar el perturbador, acudirán a los jueces letrados de 
partido para que las restituyan y amparen, y éstos conocerán de los 
recursos por medio del juicio sumarísimo que corresponda, y aun 
por el plenario de posesión si las partes lo promoviesen, con las 
apelaciones a la audiencia respectiva, en el modo y casos que previe­ 
ne el artículo XLIII del capítulo 1, reservándose el juicio de propie­ 
dad a los jueces competentes, siempre que se reate de cosas o perso­ 
nas que gocen de fuero privilegiado. 
Reiterando lo señalado párrafos atrás, diremos que antes de los cita­ 
dos autos acordados de la Real Audiencia de México, mismos que hemos 
transcrito literalmente, estarnos en presencia de un interdicto, pues como 
dicen los autos acordados ''se entiendan ser incitativas'', pues todavía no 
hay un procedimiento contradictorio, sino que hasta qt1e aparecen estos 
autos acordados, mismos en donde se prevé citación judicial al demanda­ 
do así como de un periodo probatorio y de una resolución jurisdiccional, 
estarnos en presencia de un proceso. 
En este caso, los propios autos acordados nos precisan que se trata 
de procesos sumarios, toda vez que no se agota la litis en el mismo, sino 
que existe un proceso plenario de posesión que es posterior al sumario, 
para que una vez agotados tales plenarios se pueda recurrir a la audiencia 
corno tribunal de alzada por la vía de la apelación. 
Entonces sí, a partir de los citados autos acordados, estamos en pre­ 
sencia de lo que desde entonces se llamó ''juicio sumarísimo de amparo''. 
Como apuntamos antes, esos autos acordados van a ser complementa­ 
dos con lo dispuesto en el Reglamento de las Audiencias y juzgados a 
Primera Instancia, de 9 de octubre de 1812, en cuyo artículo 12, del 
capítulo 11, nos habla con precisión del juicio sumarísimo de amparo. 
5011 dos los aspectos que nos llaman la atención ele este Reglamento: 
E,1 primer lugar, que amplía el objeto de protección, pues la frase ''tierras, 
aguas y otras cosas" es sustituida por ''cualquier cosa profana o espiri­ 
tual ": por otro lacio, también nos llama la atención qtte dicho proceso se 
pudiera enderezar contra personas que gozasen de fuero, como el caso de 
eclesiásticos y militares qtte eran tan celosos de sus fueros y privilegios. 
Por ello consideramos un grave avance al Reglamento aludido de 1812, 
79 
el cual estuvo en vigor en nuestra patria no solamente bajo la dominación 
española sino aun en la época independiente (2 9). 
Así, pues, leyendo a Alvarez , vemos cómo al finalizar el primer cuarto 
del siglo pasado, ya se tenía una idea muy clara de lo que eran esos juicios 
de amparo: (30) 
Cualquiera persona qt1c sea despojada o perturbada en posesión de 
alguna cosa profana o espiritual, sea eclesiástico, lego o militar el 
perturbador. deberá acudir al juez letrado de partido para que se le 
restituya y ampare: y estos jueces letrados conocerán de los recursos 
por medio del juicio sumarfsimo que corresponda, y aun por el ple­ 
nario de posesión si las partes lo promoviesen, con las apelaciones al 
tribunal respectivo en el modo y casos en el artículo ya citado arriba 
reservándose el juicio de propiedad a los jueces competentes, siempre 
que se trate de cosas o personas que gocen ele fuero privilegiado. 
Los autos acordados antes transcritos no nos señalan el procedimien­ 
to de los juicios sumarísimos de an1paro, para conocerlo liemos recurrido 
a la Curia Filipica Mexicana (31 ), la que nos dice que después de presen­ 
tada la demanda, el juez dicta un auto dando traslado por un breve tér­ 
mino al demandado, quien debería contestar señalando aquellas justifi­ 
caciones qLte tuviere. Sin más escritos, el juez dictaría una providencia 
recibiendo los autos a prueba por un término que no excedería de 15 días, 
después de lo cual dictaría sentencia, rnisrna que tenía el carácter de inter­ 
locutoria (32) y sólo era apelable con efecto devolutivo. 
Es interesante lo que agrega el 1nis1110 autor de la Curia cuando dice: 
"csre juicio se llama sumarísimo de interin, porque en la sentencia se 
(29) Sabemos que al consumar México su independencia de España, se dispuso que el orden jurí­ 
dico colonial siguiera rigiendo en nuestro país, siempre y cuando no se opusiera al nuevo 
orden de cosas; sin embargo, particular importancia tuvo ese Reglamento de 1812, que todos 
los autores citaban como en vigor, incluso Jacinto Pallares llegó a decir que hasta después de 
la Intervención Francesa se segu ia aplicando dicho Reglamento. 
(30) 1\LVAllEZ,José f\·laría, Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias, cd. facsimilar de 
la reimpr. ,nexicana de 1826 (estudio prelhninar, fuentes y bibliografía de Jorge Marlo Garci'a 
Laguardia y Maria del Refugio Oonealcz}, México, UNt\�1, Instituto de lnvestiga.cionesJurí· 
dicas, 1982, t. Ir, pp. 299­500. 
(31) Edición facsimilar tomada de la de 1850, pr61ogo de José Luis Soberanee, México, UNAfl.1, 
1978, pp. 286­287. 
(32) Los autores de esa época no tienen claros muchos conceptos procesales; por ejemplo, aquí 
están confundiendo un proceso sumario con un incidente, siendo que son dos instituciones 
diferentes. 
80 
• 
expresa que el amparo . . se entienda entretanto el pleito se ve y deter­ 
mina definitivamente en lo principal", 
Pasemos al México Independiente. 
Antes que apareciera el primer Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California, el 1 3 de agos­ 
to de 1872 (3 3), en México se conocieron cuatro leyes que de manera 
imperfecta y parcial intentaban dar algún orden (34) a la práctica civil 
de nuestros tribunales, Estas leyes fueron la de 23 de mayo de 1837, la 
de 16 de diciembre de 1853, la de 4 de mayo de 1857 y la de 29 de 
noviembre de 1858 (35). Como se podrá ver, tres de ellas fueron dadas 
por gobiernos conservadores ­3 7, 5 3 y 58­ y una sola por gobierno 
liberal, o sea.la de 1857 (36). 
En todas las leyes conservadoras se reglamentaba el juicio sumarí­ 
simo de a111paro, mientras que la Ley liberal de 1857 co,110 el Código 
de 1872, así como los subsecuentes (1880 y 1884), no se ocuparon de tal 
materia, y la razón es muy sencilla, Ya había surgido a la luz pública 
­1847­ el juicio constitucional de amparo, el cual vino, además, a ser uno • 
de los postulados del liberalismo mexicano, con lo cual resultaría absurdo • 
crear 1 y reglamentar un juicio de carácter civil existiendo otro, de mucha , 
más trascendencia y relevancia, de carácter constitucional. 
Por otro lado, con el triunfo definitivo de las armas liberales en 1867, 
cualquier legislación expedida por los conservadores estaba destinada a su 
total y definitiva desaparición. 
(33) Se promulgó el 13 y se publicó dos días después, o sea, el 15 de setiembre de 1872. 
(34} Quizá las normas procesales eran las que menos modificaciones sufrieron desde el siglo XIII 
con Las Siete Partidas y concretamente con la tercer partida; lo mismo ocurrió en la época 
colonial en que dicha tercer partida siguió rigiendo la vida procesal civil de la Nueva España, 
por ello los autores mexicanos de mediados del siglo XIX se quedaban perplejos al corroborar 
que la misma seguía estando en vigor, es más, no solamente como referencia al pasado sino 
como la norma más importante que regulaba nuestro enjuiciamiento civil, 
(35) Sus nombres completos eran: Ley que Arregla los Procedimientos Judiciales en los Negocios 
que se Sigue,1 e11 los Tribunales y Juzgados de Distrito y Territorios, era la ley liberal de 4 de 
mayo de 18!57, )' las leyes conservadoras fucrou: Ley para el Arreglo Provisional de la Admi. . 
nistraci6n de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común,dc 23 de mayo de 1837, 
Ley para el Arreglo Provisional de la Administmcíó n de Justicia en los Tribunales y Juzgados 
del Fuero Común,dc 16 de mayo de 18!51\ y Ley para el Arreglo de la Ad,ninistraci6n deJustt­ 
c:ia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común, de 29 de noviembre de 1858, como se 
observa hasta en el nombre se parecen. 
(36) Cfr. nuestro trabajo: Sobre el origen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México,·Jt 
Miguel Angel Porrúe­Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1988, passim. 
81 
Esa es la historia más que centenaria de esta interesante figura pro­ 
cesal que fue el ''juicio sumarísimo de amparo", a nuestro modesto enten­ 
der, antecedente directísimo del juicio constitucional de amparo (37). 
VII. CONCLUSIONES 
El proceso constitucional de amparo nació en México, a nivel federal 
(38), en 1847, antes lo único que tenernos son antecedentes, influencias 
o precedentes. 
Una de las grandes ausencias de la Constitución Federal de 1824 fue 
un adecuado sistema de garantías constitucionales, ausencia que vino a ser 
resuelta por las Leyes Constitucionales de 1836 a través del Supremo 
Poder Conservador, institución inviable, pero al fin y al cabo primer 
intento. Tres años después, cuando se vio claramente la inviabilidad de 
dicho Supremo Poder, se pensó sustituirlo por un recurso jurisdiccional 
­reclamo­ que más o menos hiciera sus veces. De ahí nace la idea de un 
instrumento procesal que se hiciera valer ante la Suprema Corte para 
¡ garantizar la vigencia del orden constitucional. 
1 
Cuando Mariano Otero retoma esa misma idea en su célebre voto 
particular de 1847, piensa darle el nombre y estructura de un instrumento 
procesal civil de raíz colonial, que tenía un nombre sugerente ­amparo­, 
pero sobre todo porque era eficaz. Así es como -se -cr-ea -nu-es-tro- -·a·ct ual juicio de amparo. UNIVERSIDAD DE LIMA 
BIBLIOTECA 
r .345-st 9:J579 
S6.3 
Gk 17­ 8·.9.t 
(37) Si algún amable lector desea profundizar en estos temas le recomendamos tener mucho cuida· 
do con la tcnninología usada por nuestros autores del siglo pasado, ya que confunden en 
¿>casiones al interdicto con el juicio sumario y con incidente (supra1 nota 32). Nosotros hemos 
­utilizado estrictamente la terminología técnica. A mayor abundamiento cfr. FAIREN GUI­ 
LLEN, Víctor, "El juicio ordinario, los plenarios rápidos y los sumarios", Estudios de derecho 
procesal, Madrid, EditoriaJ Revista de Derecho Privado, 1955, pp. 373­400. 
38) Evidentemente existió a nivel local, el antecedente yucatcco en la Constitución preparada por 
don Manuel Crescencio Garc{a Rejón. 
82