https://hdl.handle.net/20.500.12724/8882 Wed, 13 May 2026 16:18:31 GMT 2026-05-13T16:18:31Z https://hdl.handle.net/20.500.12724/24704 Informe de Expediente Civil, Materia: Prescripción Adquisitiva, Expediente: 02211-2014-0-0401-JR-CI-02 Informe de Expediente Laboral, Materia: Pago de Beneficios Económicos, Expediente: 05389-2013-0-1801-JR-LA-02 Flores Ochoa, Angie Darlene Materia: Prescripción Adquisitiva, Expediente: 02211- 2014-0-0401-JR-CI-02: El presente informe jurídico civil versa sobre un proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesta por dos cónyuges en contra de la persona que poseía la titularidad registral del inmueble ubicado en Arequipa, en el distrito de Cayma. Los demandantes solicitaron como pretensión principal que se les declare propietarios, en tanto vienen poseyendo el inmueble desde el año 1997, y como pretensión accesoria se solicitó la cancelación registral del asiento en la cual la demandada tiene inscrito su derecho en Registros Públicos. Materia: Pago de Beneficios Económicos, Expediente: 05389-2013-0-1801-JR-LA-02: El presente informe jurídico tiene como objeto de análisis un expediente laboral en el cual la parte demandante solicita el reintegro de remuneraciones y beneficios sociales, en tanto se considera que La Demandada ha variado unilateralmente y sin su consentimiento el número de cuotas a pagar por comisión o traspaso, lo cual ha provocado que se pague de forma diminuta (cuotas incompletas) y en otras no se abone onto alguno; no obstante, La Demandada alega haber pagado correctamente las comisiones por afiliaciones y traspasos. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12724/24704 2025-01-01T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12724/24703 Informe de Expediente Civil, Materia: Violencia Familiar, No. De Expediente: 14164-2014-0-1801-JR-FT-36 Informe de Expediente Penal, Materia: Violación sexual de menor de edad, No. de Expediente: 00443-2010-0-0501-SP-PE-02 Palacios Juarez, Samiha Angela Materia: Violencia Familiar, No. De Expediente: 14164- 2014-0-1801-JR-FT-36: El presente expediente versa sobre los hechos de violencia familiar-maltrato psicológico presuntamente ejercidos por un padre de familia en contra de su cónyuge y su menor hijo. La progenitora del menor interpuso dos denuncias policiales por violencia familiar relacionadas con sucesos distintos contra el denunciado, y una tercera denuncia fue presentada por la suegra de este en su agravio. Todas estas fueron remitidas a la Novena Fiscalía Provincial de Familia de Lima, la cual interpuso una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), tramitándose ante el Vigésimo Segundo Juzgado de Familia, y en grado de apelación ante la Primera Sala Especializada de Familia de la misma corte. Sin embargo, dicha sala declaró la nulidad de la sentencia venida en grado, la cual había declarado fundada la demanda por maltrato psicológico y otorgado medidas de protección. En consecuencia, ordenó que se realice una audiencia complementaria y se practique la pericia psicológica al demandado. Devuelto los actuados al juzgado de primera instancia, acogiendo lo señalado por la judicatura, realizó dicha audiencia, en la cual la parte agraviada promovió la subrogación del Ministerio Público solicitando a su vez el desistimiento, pedido que fue acogido por el juez de la causa en el extremo seguido entre los progenitores del menor. No obstante, el a quo estimó otorgar medidas de protección al hijo de ambos. Posteriormente, el demandado formuló recurso de apelación, el cual fue concedido y elevado a la Primera Sala de Familia de Lima donde se resolvió lo siguiente: declarar nula la resolución emitida en dicha audiencia complementaria toda vez que la jurisprudencia señalaba que no procede el abandono en los procesos de violencia familiar al poseer una función tuitiva, derivando en la improcedencia del desistimiento de la parte agraviada; sin embargo, declaró infundada la demanda en el extremo del maltrato psicológico interpuesto contra el denunciado en agravio de su esposa, así también, revocó la resolución que dictaba medidas de protección al menor, ordenando su archivo definitivo. Materia: Violación sexual de menor de edad, No. de Expediente: 00443-2010-0-0501-SP-PE-02: El expediente versa sobre el delito de violación sexual de menor de edad regulado en el artículo 173° del Código Penal, perpetrado por el cuñado de dicha menor. Debido a que sus familiares se percataron de su estado de gestación, su progenitor interpuso una denuncia verbal contra el denunciado ante el Juez de Paz de Churcampa, quien remitió los actuados al Ministerio Público. Luego, tras la recopilación del atestado policial, se formalizó la denuncia fiscal para la emisión del auto que inicia la etapa de instrucción, con el cual se dispuso mandato de detención por el Juzgado Mixto de Churcampa de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Posterior a dicha etapa, se formuló la acusación fiscal y se determinó que había mérito para pasar a juicio oral contra el encausado. Finalizada la audiencia privada, la Sala Mixta Descentralizada del VRAE-Pichari lo condenó por el citado delito a quince años de pena privativa de libertad, fijando reparación civil y sometiéndolo a tratamiento terapéutico. Ante ello, su defensa formuló recurso de nulidad, el cual fue concedido y elevado al superior jerárquico. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante la ejecutoria respectiva, declaró la nulidad de la sentencia impugnada, y reformándola absolvió al encausado del cargo formulado en su contra, ordenando su libertad inmediata. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12724/24703 2025-01-01T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12724/24706 Informe Jurídico de Expediente Civil, Materia: Responsabilidad civil extracontractual, No. del Expediente : Nº 1059-2014-0-0411-JM-CI-01 Informe Jurídico de Expediente Penal, Materia: Extradición, No. del Expediente : Nº 17004-2015(409-2015) Rojas Mejia, Carlos Piero Materia: Responsabilidad civil extracontractual, No. del Expediente: Nº 1059-2014-0-0411-JM-CI-01: El expediente que da origen al presente informe jurídico versa sobre un litigio civil relativo a la indemnización de daños y perjuicios derivados de un homicidio, en el presente expediente se busca determinar la existencia de responsabilidad civil extracontractual por parte de los demandados, quienes son los padres del supuesto asesino de la hija de los demandantes y, consecuentemente, indemnizar a los padres de la víctima (hija asesinada) en su representación, ello por concepto de daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño al proyecto de vida, en primera instancia se declaró infundada la demanda en todos sus extremos, en segunda instancia se declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por los demandantes y en consecuencia se revocó en parte la sentencia de primera instancia y se declaró fundada en parte la demanda por daño moral a los demandantes en calidad de padres de la víctima asesinada, en sede suprema, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, declaró infundados los recursos impugnatorios de casación interpuestos por cada uno de los demandados y en consecuencia no casaron la sentencia materia de impugnación. En ese contexto, el presente informe jurídico tiene por objetivo analizar los hechos del caso, los fundamentos jurídicos de los principales pronunciamientos judiciales relevantes, con la finalidad de poder determinar si fue correcta la atribución de responsabilidad civil extracontractual a los demandados. Materia: Extradición, No. del Expediente: Nº 17004-2015(409-2015): El Expediente que da origen al presente Informe Jurídico versa sobre el proceso de extradición pasiva que se siguió en contra de un ciudadano peruano que desempeño cargos de alta dirección en la CONMEBOL, confederación, perteneciente a la FIFA, y se le acusa por los delitos de crimen organizado, fraude informático y lavado de dinero, todos estos cargos en grado de conspiración. En ese sentido se buscará realizar el análisis jurídico del proceso de extradición tramitado ante nuestros juzgados nacionales, en la etapa postulatoria, se admitió la demanda y en sede suprema, se ordenó la subsanación de la demanda de extradición para posteriormente conceder la extradición solo en el extremo referido al delito de organización criminal en grado de conspiración. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12724/24706 2026-01-01T00:00:00Z https://hdl.handle.net/20.500.12724/24705 Informe de Expediente Civil, Materia: Violencia Familiar, No. De Expediente: 09576-2014-0-1801-JR-FT-21 Informe de Expediente Administrativo, Materia: Protección al Consumidor, No. De Expediente: 0240-2017/CPC-INDECOPI-JUN De La Cruz Bellido, Katherine Milagros Materia: Violencia Familiar, No. De Expediente: 09576- 2014-0-1801-JR-FT-21: El presente expediente judicial versa sobre un proceso de violencia familiar en la modalidad de maltrato físico iniciado por el Ministerio Público, a través de la 6° Fiscalía Provincial de Familia de Lima, contra el demandado, en agravio de su exconviviente, la agraviada, Griselda. La acción fue dirigida inicialmente ante la policía de la Comisaría de Mateo Pumacahua, donde se interpuso la denuncia el 1 de febrero de 2014 por una agresión que habría ocurrido en la vía pública del AA.HH. Sagrada Familia-Chorrillos La controversia central radicó en determinar la responsabilidad del demandante en el maltrato físico alegado, un hecho que, según la víctima, le causó lesiones en el ojo derecho, pierna derecha y mano izquierda, y que se corroboró con el certificado médico correspondiente. El denunciado, por su parte, negó todo vínculo con lo alegado. En el marco del proceso, se dispuso inicialmente una medida de protección consistente en el impedimento de acoso a la víctima. La demanda fue admitida a trámite por el 21° Juzgado de Familia mediante la Resolución N° 1 de fecha 4 de setiembre de 2014. En la Audiencia Única, el Juez dispuso la actuación de medios probatorios de oficio, incluyendo evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para la agraviada y el demandado. En el marco del análisis, se aborda la política del Estado de lucha contra la violencia familiar y el rol del Ministerio Público como sustituto procesal de la víctima. La ponderación judicial se centra en contrastar la prueba médica y la declaración de la víctima frente a la negativa del demandado, considerando también los antecedentes judiciales entre las partes. Materia: Protección al Consumidor, No. De Expediente: 0240-2017/CPC-INDECOPI-JUN: El caso se originó el 24 de noviembre de 2017, cuando J.H.E.J.A. presentó una denuncia ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Junín contra la referida Universidad, alegando que la institución había vulnerado sus derechos como consumidor al negarle la matrícula en el ciclo que le correspondía, pese a existir una resolución de decanato que autorizaba su reincorporación. El denunciante manifestó que, tras ingresar a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas bajo la modalidad de segunda carrera, la Universidad extravió los documentos de convalidación de sus estudios previos, situación que lo obligó a interrumpir su formación durante varios ciclos. Aunque la R. de Decanato N.º 2056-DFD-UPLA-2017 dispuso su reincorporación en el VIII ciclo para el periodo 2017-2, la Universidad no formalizó su matrícula, permitiéndole asistir a clases sin registro académico. Mediante Resolución N.º 0264-2018/INDECOPI-JUN, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia, al acreditar que la Universidad incumplió con el deber de idoneidad en la prestación del servicio educativo, imponiéndole una multa de cinco (5) UIT y ordenando su matrícula inmediata, así como la emisión de un informe académico. Los cargos por maltrato y trato discriminatorio que refiere el denunciante fueron desestimados. La Universidad apeló, alegando la incompetencia del Indecopi y la vulneración de su autonomía universitaria. No obstante, la Sala Especializada en Protección al Consumidor, mediante Resolución N.º 0014-2019/SPC-INDECOPI del 4 de enero de 2019, confirmó a responsabilidad de la Universidad, precisando que la infracción debía calificarse bajo el artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido a la idoneidad en los servicios educativos. La Sala ratificó la competencia del Indecopi para conocer controversias relacionadas con la calidad del servicio educativo y determinó que la autonomía universitaria no exime a las instituciones del cumplimiento de las normas de protección al consumidor. En consecuencia, declaró fundada la denuncia, mantuvo la sanción de cinco (5) UIT, dispuso medidas correctivas a favor del denunciante y ordenó la inscripción de la Universidad en el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) por cuatro años. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT https://hdl.handle.net/20.500.12724/24705 2025-01-01T00:00:00Z