Importancia del consumidor para el estado peruano, una mirada desde el enfoque constitucional

Abstract

Desde el constitucionalismo económico, la economía social de mercado exige instituciones que garanticen un acceso equitativo al mercado, lo cual presupone una efectiva protección al consumidor. Este no es un sujeto pasivo, sino el agente que realiza los fines del modelo económico constitucional: eficiencia con justicia y competencia con equidad. Su reconocimiento como sujeto de derechos implica que garantías como la información, seguridad y reparación deben ser leídas como derechos fundamentales. En este contexto, la intervención estatal no contraviene la libertad de empresa, sino que actúa como una garantía constitucional para preservar los fines del mercado. La asimetría informativa entre proveedor y consumidor no es solo un problema económico, sino un conflicto de poder que compromete la igualdad sustancial. Por ello, el Estado no solo puede, sino que debe intervenir para corregir estos desequilibrios mediante regulación, supervisión y sanción, fortaleciendo así un mercado justo y constitucionalmente legítimo.