Informe de Expediente Civil, Materia: Obligación de Dar Suma de Dinero, N.º de Expediente: 504 - 2014 ODSD Informe de Expediente Administrativo, Materia: Barreras Burocráticas, N.º de Expediente: 191-2011-CEB

Abstract

Materia: Obligación de Dar Suma de Dinero, N.º de Expediente: 504 - 2014 ODSD. El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar un proceso civil en materia de Obligación de Dar Suma de Dinero, por reembolso de inversión, tramitada por la vía del proceso abreviado. Esta demanda fue interpuesta por una persona natural propietaria de un predio rústico ubicado en el distrito de Chincha, contra una empresa prestadora de servicios de saneamiento. Los hechos que originaron la controversia tuvieron lugar cuando el demandante inicio un procedimiento administrativo de solicitud de habilitación urbana ante la demandada, para la implementación de una red matriz de agua y alcantarillado en una urbanización rústica de su propiedad. Una vez obtenida la documentación habilitante por parte de la empresa demandada, el demandante procedió a ejecutar la obra de saneamiento utilizando sus propios recursos. Finalizada la obra, llevó a cabo los actos de entrega y de transferencia de la obra a la empresa demandada, y posteriormente solicitó el reembolso de la inversión realizada en virtud del último párrafo del artículo 14 de la Ley Nº29090 – Ley de Habilitación Urbana y Edificaciones. Sin embargo, a la fecha del inicio del procedimiento, la ley que regulaba los procedimientos administrativos para la obtención de habilitaciones urbanas era la Ley Nº26878 – Ley General de Habilitaciones Urbanas, la cual no contemplaba reembolsos por inversión en obras de infraestructura de esta naturaleza. Debido a que durante el desarrollo de los actos propios del procedimiento administrativo que seguía el demandante, tuvo lugar un cambio normativo, se plantea la disputa en torno a la correcta aplicación de las normas en el tiempo. Asimismo, el cumplimiento de la formalidad de acogimiento por parte del demandante a la nueva regulación también ha sido materia de distintas interpretaciones por parte de las instancias que conocieron el caso. En este informe serán analizados los hechos jurídicos expuestos por las partes y los aspectos relevantes que motivaron los pronunciamientos, para finalmente establecer una opinión sobre la correcta administración de justicia en este proceso. Materia: Barreras Burocráticas, N.º de Expediente: 191-2011-CEB. El presente análisis jurídico aborda el procedimiento administrativo relativo a la eliminación de una barrera burocrática presuntamente ilegal, iniciado por un grupo de locales nocturnos contra la Municipalidad de Barranco y el Ministerio de Salud, este último incorporado al procedimiento en calidad de tercero administrado. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), La disputa se origina como consecuencia de la definición de “espacio público cerrado” que establece la Municipalidad de Barranco a través una ordenanza municipal, la cual, a criterio de las denunciantes, excede los términos establecidos en la definición de espacio público cerrado contenido en la Ley Nº28705 – Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco. En ese sentido, La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, y en segunda instancia, la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI, realizaron una evaluación de la legalidad de la barrera burocrática impuesta, considerando para ello, las facultades conferidas a las municipalidades distritales en materia de lucha frente a los riesgos del consumo de tabaco, con el propósito de determinar si dicha entidad había actuado fuera de los límites de su competencia. Adicionalmente, evaluaron si la restricción impuesta en la ordenanza contraviene el contenido de la Ley Nº28705 y, en consecuencia, vulnera los principios de legalidad, tipicidad y jerarquía normativa. El objetivo de este informe es realizar una interpretación adecuada de la normativa aplicable al caso y, con base en esta, tomar una posición clara, respecto de las sentencias que resolvieron sobre la legalidad de la barrera burocrática impuesta. Para ello, se examinará la legislación de la materia, la doctrina, jurisprudencia y los hechos concretos del caso.