Impacto de los diversos tipos de inversión pública en infraestructura sobre el desarrollo económico de las regiones del Perú, 2010-2023

Abstract

El presente estudio aporta evidencia empírica sobre el impacto de los diversos tipos de inversión pública en infraestructura orientados a sectores clave como salud, agropecuaria, educación y transporte, respecto a la dinámica económica regional peruana en el intervalo 2010-2023. Se efectuó una estimación econométrica mediante datos de panel con efectos aleatorios, y se demostró que el gasto público en infraestructura vinculada a salud y agropecuaria contribuye al desarrollo económico de las regiones. En el sector salud, este efecto es estadísticamente significativo por su aporte en el fortalecimiento del capital humano. Para el sector agropecuario, el efecto no es significativo, la evidencia empírica indica que la inversión destinada a la investigación y desarrollo agrícola, constituye el componente del gasto que impulsa de manera sostenida el PBI sectorial, no obstante, las competencias de los gobiernos regionales se limitan a ejecutar proyectos orientados a la provisión de agua para riego. En contraste, la inversión gubernamental en infraestructura vinculada a la educación y transporte refleja una incidencia negativa sobre el desarrollo económico. Este resultado se explica por una inadecuada distribución de los recursos entre gasto de capital y gasto corriente. La construcción en infraestructura educativa por sí sola no genera impactos positivos, siendo esencial complementarla con la ejecución de gasto corriente, que garanticen un adecuado acceso a los servicios educativos. Así mismo, se observa que la inversión en infraestructura pública podría generar mayor contribución al desarrollo económico si se reducen los niveles de corrupción y se incrementa la eficiencia institucional. Se comprobó que una alta percepción de la corrupción afecta negativamente el PBI regional, mientras que mayores niveles de eficiencia institucional producen un efecto positivo. En consecuencia, implementar políticas que optimicen la asignación del gasto público y fortalezcan los mecanismos de fiscalización, va a permitir que la inversión pública promueva un desarrollo económico sostenible

The present study provides empirical evidence on the impact of various types of public investment in infrastructure aimed at key sectors such as health, agriculture, education, and transportation, with respect to the economic dynamics of Peruvian regions during the period 2010-2023. An econometric estimation using panel data with random effects was conducted, and it was demonstrated that public spending on infrastructure related to health and agriculture contributes to the economic development of the regions. In the health sector, this effect is statistically significant due to its contribution to strengthening human capital. For the agricultural sector, the effect is not significant; empirical evidence indicates that investment in agricultural research and development constitutes the component of spending that sustainably drives sectoral GDP. However, regional governments’ competencies are limited to executing projects oriented toward providing irrigation water. In contrast, government investment in infrastructure linked to education and transportation shows a negative impact on economic development. This result is explained by an inadequate allocation of resources between capital expenditure and current expenditure. Educational infrastructure construction alone does not generate positive impacts, making it essential to complement it with current spending that ensures adequate access to educational services. Likewise, it is observed that investment in public infrastructure could generate greater contributions to economic development if corruption levels are reduced and institutional efficiency is increased. It was found that a high perception of corruption negatively affects regional GDP, while higher levels of institutional efficiency produce a positive effect. Consequently, implementing policies that optimize the allocation of public spending and strengthen oversight mechanisms will allow public investment to promote sustainable economic development.