Informe de Expediente Civil, Materia: Indemnización de daños y perjuicios, Expediente N°05370-2015-0-0401-JR-CI-03 Informe de Expediente Penal, Materia: Robo agravado, Expediente Nº 00500-2011-0-0701-JR-PE-12

Abstract

Materia: Indemnización de daños y perjuicios, Expediente N°05370-2015-0-0401-JR-CI-03: El expediente versa sobre una demanda de indemnización de daños y perjuicios, el demandante alega haber sido removido de su cargo de miembro de Directorio de la EPS SEDAPAR S.A. por la suma de S/ 86,400.00, por daño patrimonial que comprende lucro cesante y daño emergente, así como S/ 2´900,000.00 por daño extrapatrimonial que comprende daño moral, a la imagen y prestigio personal y profesional, más intereses legales, siendo estas obligaciones atribuibles a la parte demandada. Por su parte, la demandada establece que si bien existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ampara el derecho de defensa y motivación del actor en su proceso de remoción del cargo, ello no genera derechos en la prestación de un servicio porque el demandante no asistió a los directorios en el periodo de su reposición, condición indispensable para el pago de dietas en concordancia con los artículos 154 y 163 de la Ley Genera de Sociedades. Materia: Robo agravado, Expediente Nº 00500-2011-0-0701-JR-PE-12: El proceso analizado se tramitó bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940, siguiendo la vía ordinaria. Los hechos imputados fueron tipificados como delito de robo agravado, lo que dio lugar a la formalización de denuncia y la apertura de instrucción con mandato de detención, así como la imposición de embargo. Concluida la instrucción y elevado el expediente a la Fiscalía Superior, el representante del Ministerio Público formuló acusación contra el procesado, solicitando la imposición de doce años de pena privativa de libertad y dos mil soles de reparación civil a favor de los agraviados. Finalizando el juzgamiento, se dictó sentencia condenatoria que lo declaró autor del delito de robo agravado, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad y mil soles a favor de cada agraviado. Contra dicha decisión se interpuso recurso de nulidad, el cual fue concedido. En consecuencia, el expediente fue elevado a la Sala Penal Suprema donde se declaró la absolución del procesado y se ordenó su inmediata libertad, al considerar que la actividad probatoria resultó insuficiente para enervar el principio de presunción de inocencia, aplicando adicionalmente el principio de in dubio pro reo.