Informe de Expediente Civil, materia: Otorgamiento de Escritura Pública, Expediente N.º 00047-2012-0-0501-JR-CI-02 Informe de Expediente Administrativo, materia: Protección al Consumidor, Expediente N.º 1142-2019/CC2

Abstract

Expediente N.º 00047-2012-0-0501-JR-CI-02. El presente caso versa sobre el proceso de otorgamiento de escritura pública, en el cual el accionante interpone demanda alegando que acordó con el demandado la compraventa de un terreno, y que para tal fin canceló el monto acordado ascendente a S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 soles). Sin embargo, para acreditar su alegación, el accionante adjunta las copias de cuatro (04) constancias de pago, correspondientes a los meses de abril, septiembre y noviembre del año 2006, en los cuales se verifica que el monto total pagado es superior al alegado por el demandante, y que la información proporcionada en los documentos es limitada. En ese sentido, mientras que para el A quo dichas constancias de pago configurarían un contrato de compraventa, dando mérito al otorgamiento de escritura pública; conforme a la valoración efectuada por el Ad quem, dichos documentos (constancias de pago), no acreditan de modo alguno la existencia de un contrato de compraventa. Es por esta razón que, en el presente expediente, se pretende discutir principalmente si en los procesos de otorgamiento de escritura pública corresponde al órgano jurisdiccional efectuar el análisis de la validez del acto jurídico materia de litis, y si en el presente caso los documentos ofrecidos como medios probatorios son suficientes para acreditar la existencia de un contrato de compraventa. De acuerdo a mi opinión personal, en este tipo de procesos, el juez tiene la facultad y el deber de realizar un análisis preliminar breve y superficial, a efectos de verificar si el acto jurídico cumple con los requisitos legales esenciales del contrato que se pretende formalizar, para configurarse como tal. Expediente N.º 1142-2019/CC2. En el expediente materia del presente informe jurídico, un consumidor interpuso denuncia contra una institución educativa que impartía el curso de inglés en diferentes niveles (establecidos según el grado de dominio de dicho idioma por el participante) por presuntas infracciones al deber idoneidad. Si bien, inicialmente, fueron varios los cargos imputados, tres de ellos estaban relacionados con el mismo hecho, por lo que la Comisión consideró posteriormente analizarlos de manera conjunta, como una única presunta infracción al deber de idoneidad. Asimismo, debía evaluarse que una de las presuntas infracciones atribuidas al proveedor denunciado fue subsanada antes del inicio del presente procedimiento. Más allá de analizar si el denunciado era infractor, debe evaluarse si los cargos fueron imputados correctamente, si debía considerarse la subsanación alegada por el denunciante como causal de improcedencia de la denuncia, si correspondía otorgar las medidas correctivas solicitadas por el denunciante y, finalmente, la sanción que correspondía imponerse.