Informe de Expediente Civil, Materia: Indemnización, No. De Expediente: 00075-2011-0-0401-JR-CI-07 Informe de Expediente Laboral, Materia: Pago de beneficios sociales, No. De Expediente: 00935-2013-0-1801-JR-LA-15

Abstract

Materia: Indemnización, No. De Expediente: 00075-2011-0-0401-JR-CI-07: El presente informe desarrolla el análisis de un expediente que contiene un proceso judicial civil en materia de indemnización por daños y perjuicios interpuesto por la parte demandante contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, en razón de la nulidad de su nombramiento como trabajadora de dicha entidad, lo que habría generado perjuicios económicos, personales y morales a la demandante. En este caso, se busca determinar si corresponde amparar la pretensión indemnizatoria, verificar la existencia del nexo causal entre los actos administrativos cuestionados y los daños alegados, así como definir el monto resarcitorio. Por un lado, la demandante solicitó el pago de S/ 350,000.00 por concepto de indemnización, distribuido en S/ 50,000 por lucro cesante, S/ 20,000 por daño emergente y S/ 280,000 por daño moral y daño a la persona, además de intereses legales. Fundamentó su pretensión en que la rebaja de su categoría laboral le impidió culminar estudios universitarios, le generó gastos en procesos judiciales y préstamos, así como afectaciones emocionales y de salud derivadas del acto de des nombramiento. Cabe precisar que la trabajadora había obtenido su nombramiento en 1990, el cual fue declarado nulo en 1993, originando diversos procesos judiciales en los que, posteriormente, se reconoció la nulidad de las resoluciones municipales que dispusieron su des nombramiento y se ordenó el pago de reintegros remunerativos. Por otro lado, la parte demandada contestó la demanda negando los hechos expuestos, alegando distintas excepciones para desvirtuar los hechos demandados. En su contestación, la parte demandada argumentó que la actora no acreditó el nexo causal entre la rebaja de su categoría y los perjuicios alegados, que no existían pruebas sobre préstamos ni gastos extraordinarios en abogados, y que el supuesto proyecto de vida truncado no era real, ya que la demandante estudió la carrera de contabilidad. Asimismo, sostuvo que no se acreditaron afectaciones psicológicas ni médicas derivadas del acto administrativo, pues las constancias médicas correspondían a especialidades distintas.El proceso se tramitó a doble instancia en la cual el Juzgado declaró improcedente la demanda y la Sala reformuló la sentencia de primera instancia, revocándola y declarando infundada la demanda de indemnización. No obstante, vía recurso extraordinario de casación, la Sala Civil Permanente declaró fundado el recurso y revocó la sentencia de vista, reformándola declarando FUNDADA EN PARTE la demanda de indemnización por daños y perjuicios, respecto del daño moral de la persona, ordenando el pago de S/ 30,000.00 nuevos soles. Materia: Pago de beneficios sociales, No. De Expediente: 00935-2013-0-1801-JR-LA-15: El demandante, trabajó para la demandada desde el año 2008. Durante todo ese tiempo, el demandante alegó que el demandado efectuaba descuentos indebidos en su salario, bajo el argumento de estar entregándole anticipos de beneficios sociales como CTS, gratificaciones y vacaciones. Según su versión, estos descuentos representaban alrededor del 26% de sus ingresos y lo habrían perjudicado de manera significativa. En diciembre de 2012, el demandante fue despedido. El hecho lo llevó a interponer una demanda en la que solicitó el pago de S/ 149,726.92 por concepto de reintegros de beneficios sociales, bonificaciones y remuneraciones no percibidas. Además, reclamaba una indemnización por despido arbitrario, al considerar que su cese carecía de sustento legal y vulneraba su derecho al trabajo. Desde su perspectiva, el despido había sido sorpresivo e injustificado. El demandante señalaba que nunca había recibido sanciones previas ni observaciones formales que justificaran su separación. Para él, el acto constituía un atropello a sus derechos laborales y un desconocimiento de la buena fe con la que había cumplido sus funciones durante más de cuatro años. Por su parte, la demandada respondió sosteniendo que los descuentos no eran ilegales ni indebidos, ya que formaban parte de un sistema de pagos por adelantado pactado en los contratos y anexos que el propio trabajador había suscrito. La demandada mostró documentos que probaban que las condiciones fueron aceptadas expresamente y que, por lo tanto, no existía un perjuicio real. Respecto al despido, la demandada afirmó que no fue arbitrario, sino consecuencia de denuncias formuladas por alumnos, quienes acusaban a Paco de inconducta y quebrantamiento de la buena fe laboral. Estas acusaciones habrían motivado las cartas de preaviso y despido, en las que se detallaban las razones de la medida. Según la institución, el demandante tuvo la oportunidad de defenderse, pero no logró desvirtuar las imputaciones en su contra.El demandante, trabajó para la demandada desde el año 2008. Durante todo ese tiempo, el demandante alegó que el demandado efectuaba descuentos indebidos en su salario, bajo el argumento de estar entregándole anticipos de beneficios sociales como CTS, gratificaciones y vacaciones. Según su versión, estos descuentos representaban alrededor del 26% de sus ingresos y lo habrían perjudicado de manera significativa. En diciembre de 2012, el demandante fue despedido. El hecho lo llevó a interponer una demanda en la que solicitó el pago de S/ 149,726.92 por concepto de reintegros de beneficios sociales, bonificaciones y remuneraciones no percibidas. Además, reclamaba una indemnización por despido arbitrario, al considerar que su cese carecía de sustento legal y vulneraba su derecho al trabajo. Desde su perspectiva, el despido había sido sorpresivo e injustificado. El demandante señalaba que nunca había recibido sanciones previas ni observaciones formales que justificaran su separación. Para él, el acto constituía un atropello a sus derechos laborales y un desconocimiento de la buena fe con la que había cumplido sus funciones durante más de cuatro años. Por su parte, la demandada respondió sosteniendo que los descuentos no eran ilegales ni indebidos, ya que formaban parte de un sistema de pagos por adelantado pactado en los contratos y anexos que el propio trabajador había suscrito. La demandada mostró documentos que probaban que las condiciones fueron aceptadas expresamente y que, por lo tanto, no existía un perjuicio real. Respecto al despido, la demandada afirmó que no fue arbitrario, sino consecuencia de denuncias formuladas por alumnos, quienes acusaban a Paco de inconducta y quebrantamiento de la buena fe laboral. Estas acusaciones habrían motivado las cartas de preaviso y despido, en las que se detallaban las razones de la medida. Según la institución, el demandante tuvo la oportunidad de defenderse, pero no logró desvirtuar las imputaciones en su contra.