Abstract
Un debate se cerró en Curitiba: el que discutía si la justicia peruana tenía preferencias al procesar a políticos presuntamente vinculados con la corrupción. Entre los días martes 23 y viernes 26 de abril, el país constató que el acuerdo de colaboración suscrito entre la fiscalía y procuraduría peruanas con Jorge Barata, que políticos de diferentes tiendas políticas intentaron desbaratar, fue un absoluto acierto.